Ex trabajadores de la ex Dirección de Energía de Jujuy siguen sin cobrar tras 29 años
«Dónde está la plata de los trabajadores”: la larga lucha por una indemnización que nunca llegó en Jujuy
Prácticamente tres décadas, cientos de ex empleados de la ex Dirección de Energía de Jujuy reclaman el cumplimiento de una ley provincial que les garantizaba participación accionaria y compensaciones tras la privatización de la empresa estatal en 1996. A pesar de fallos judiciales, adhesiones legales y múltiples protestas, la deuda sigue sin saldarse y muchos de los 514 trabajadores originales ya fallecieron sin ver resuelto su reclamo.
San Salvador de Jujuy — Cada jueves por la mañana, un grupo de ex empleados de la ex Dirección de Energía de Jujuy se concentra en Plaza Belgrano con el mismo reclamo que los llevó a las calles hace casi 29 años: el cobro de indemnizaciones y la participación accionaria que nunca se concretó tras la privatización de su lugar de trabajo en 1996.
Fotos de la concentración en inmediaciones de la casa de Gobierno,día 18 de Diciembre 2025
La historia se remonta a diciembre de 1995 y 1996, cuando la Legislatura de Jujuy sancionó la Ley Provincial 4879/95, transformando la vieja Dirección de Energía en sociedad anónima,EJE S.A. EJSED S.A. Como parte de ese proceso,de la ley destinaba el 10% del capital social de esas sociedades a ser adjudicado a los trabajadores a través de un Programa de Propiedad Participada.
Según el Artículo 6 de la norma, el Poder Ejecutivo debía implementar ese programa de acceso de los empleados al capital accionario conforme al régimen previsto en la Ley Nacional 23.696, que regula las privatizaciones y los derechos de los trabajadores en esos procesos.
Sin embargo, como denuncian los protagonistas de esta lucha, ese derecho nunca fue efectivizado. Los trabajadores aseguran que la privatización —vendida entonces en alrededor de 46 millones de dólares— nunca destinó lo acordado a los empleados que habían aportado años de trabajo y que, tras la venta, quedaron fuera de la empresa.
“Nos prometieron que íbamos a participar del capital de la nueva empresa y todavía estamos esperando”, dice Oscar Rojas, vocero del grupo de trabajadores, a Tinky info Diario Digital. Rojas recuerda que en la sentencia judicial se identificaron 514 trabajadores que debían acceder a estos derechos. De ellos, alrededor de 150 ya fallecieron sin haber cobrado ni recibir explicaciones claras del Estado provincial o de la justicia.
El reclamo no es menor: tres fallos judiciales y hasta del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy —en 2011, 2014 y 2020— ordenaron el cumplimiento de los derechos de los trabajadores y reconocieron la deuda del Estado provincial. Además, el mismo tribunal dictaminó que el gobierno provincial se encuentra en situación de rebeldía, lo que implica multas acumuladas que superan los 86 millones de pesos, diarios Sin embargo, hasta el día de hoy, ni una sola acción concreta se tomó para saldar la deuda.
Rojas también recuerda que en 1996 se creó una comisión de contralor integrada por ocho diputados, que debía supervisar el proceso de privatización y garantizar que el Programa de Propiedad Participada funcionara. “Esa comisión nunca ejerció control efectivo. No hubo transparencia, no hubo cumplimiento de lo que la ley establecía, no recuerdo el nombre de los diputados que integraron esa comisión”, afirma.
En paralelo, otros sectores afectados por privatizaciones similares en la década del ‘90 también siguen sin justicia. Los ex empleados del Banco Provincia de Jujuy, privatizado en la misma época, marchan cada miércoles exigiendo indemnizaciones y participación societaria que nunca llegaron. Para muchos jujeños, estas historias son ejemplos de promesas incumplidas y derechos vulnerados.
La indignación va más allá de un grupo de ex trabajadores. En una provincia golpeada por la falta de oportunidades y desigualdades históricas, estas deudas sociales se suman a una serie de reclamos económicos y políticos que alimentan el descreimiento hacia la dirigencia tradicional. “Con razón la gente se cansa y vota a cualquiera que venga fuera de la política, porque estamos hartos de que nos cuenten historias tristes que nunca se resuelven”, reflexiona otro ex trabajador..
A pesar de los fallecimientos de tantos compañeros, las marchas continúan cada jueves. Los carteles y las consignas se repiten semana tras semana, en una muestra de resistencia que combina memoria, reclamo social y exigencia de justicia.
«Vamos morir en la plaza ,queremos lo que es nuestro y que la justicia y las leyes nos avalan » en tono eufórico destacó Rojas.
La pregunta que resuena en cada protesta es inevitable: ¿dónde está la plata que debía ser para los trabajadores?. Nadie parece tener una respuesta clara. Ningún funcionario ha sido responsabilizado penalmente, y mientras tanto, los salarios devengados hace casi tres décadas se deprecian frente a la inflación y las dilaciones judiciales.
Para muchos jujeños, esta disputa no es solo sobre dinero: es una cuestión de dignidad laboral y de cumplimiento de la ley. El caso de la ex Dirección de Energía se ha convertido en un símbolo de las deudas pendientes del Estado con quienes dedicaron su vida laboral a construir servicios públicos que, luego, fueron vendidos sin compensación adecuada. Las grandes inversiones o grandes infraestructuras las realiza el estado y luego las vende a empresas extranjeras , en eso consiste el modelo neoliberal beneficiar a los de afuera y perjudicar al pueblo y a los trabajadores , a los que viven en el suelo argentino.
Y aunque la justicia y la política se enfrenten en un laberinto de apelaciones, sanciones y proyectos de adhesión, en la Plaza Belgrano —cada jueves— la consigna sigue siendo la misma: cumplimiento pleno de la Ley 4879/95 y justicia para los trabajadores que todavía esperan lo que les corresponde.
Artículo 6 — Régimen de propiedad privada participada:
Establece que *el Poder Ejecutivo debe implementar un programa que permita a los trabajadores acceder al 10% del capital accionario de las sociedades creadas por la ley —EJE S.A. y EJSED S.A.– conforme al régimen del Programa de Propiedad Participada de la Ley Nacional 23.696, Capítulo III. Es decir, obliga a hacer efectivo ese derecho accionarial para los trabajadores y a incluir representantes gremiales en la elaboración del programa.
Qué establece la Ley Nacional 23.696 (para comprender el marco legal invocado por la provincial):
La Ley 23.696 incluye un capítulo completo sobre Programa de Propiedad Participada, que obliga a que parte del capital accionario de las empresas sujetas a privatización pueda ser adquirido por sus trabajadores (entre otros mecanismos), y prevé que ese proceso sea reglamentado con tasación previa y condiciones claras de acceso al capital para los empleados
La Ley 23.696, conocida como la Ley de Reforma del Estado de 1989 en Argentina, fue una normativa clave que declaró la emergencia administrativa, económica y financiera, buscando reducir el tamaño del Estado y permitiendo privatizaciones de empresas públicas, fomentando la participación privada, y creando el Programa de Propiedad Participada (PPP) para que empleados y usuarios pudieran ser dueños de una parte de esas empresas, todo en el marco de una reestructuración profunda del aparato estatal de la época.
¿De qué trata en pocas palabras?
- Emergencia y Reforma: Estableció un estado de emergencia en la administración pública para poder reformarla a fondo.
- Privatizaciones: Autorizó la venta de empresas del Estado, como YPF, Entel, Aerolíneas, etc., abriendo la puerta a la inversión privada.
- Participación: Creó los Programas de Propiedad Participada (PPP) para que los empleados de las empresas a privatizar y los usuarios pudieran adquirir acciones.
- Rol del Estado: Buscó que el Estado se concentrara en funciones esenciales (justicia, seguridad, relaciones exteriores) y dejara otras al sector privado.
Aspectos clave:
- Creación de Emergencia: Declaró emergencia pública por un año (prorrogable) para reestructurar organismos y contratos.
- Modalidades de Privatización: Permitió vender activos, acciones, licencias, o concesiones.
- Protección Laboral: Si bien privatizaba, también incluía cláusulas para proteger a los trabajadores en ciertos aspectos, aunque se generaron controversias.
- Marco de los 90: Fue la ley que habilitó gran parte del proceso de privatizaciones durante el gobierno de Carlos Menem, transformando la estructura económica argentina.
En resumen, la Ley 23.696 fue la herramienta legal para desmantelar gran parte del rol empresario del Estado argentino, privatizando empresas y abriendo el juego al capital privado, en una gran reforma estatal de fines de los 80, si te suena conocido que el Estado da pérdidas ,todavía , ahora van por la privatización de Central Nuclear ,siempre queda algo para entregar o rifar.
