Ciberpatrullaje sin control judicial: la reforma de la PFA genera críticas y alarma en organizaciones civiles
Seguridad y derechos en tensión
El nuevo decreto firmado por Javier Milei y Patricia Bullrich permite a la Policía Federal realizar ciberpatrullajes en redes sociales abiertas sin orden judicial. Especialistas y Ciberpatrullaje sin control judicial: la reforma de la PFA genera críticas y alarma en organizaciones civilesorganismos de derechos humanos advierten sobre los riesgos de vigilancia masiva y falta de control institucional.
La reciente reforma de la Policía Federal Argentina (PFA), impulsada por el Gobierno nacional a través del Decreto 383/2025, habilita de manera explícita la realización de ciberpatrullajes en redes sociales y sitios web de acceso público sin necesidad de una orden judicial. La medida, presentada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich junto al presidente Javier Milei, también deroga la antigua Ley Orgánica de la PFA, vigente desde 1958, y establece una nueva estructura para la fuerza.
Aunque el monitoreo en redes no es nuevo —ya se implementaba desde 2017—, el decreto actual le otorga un marco legal permanente sin intervención judicial previa, lo que generó fuertes críticas por parte de organizaciones de la sociedad civil y especialistas en derecho penal.
Según el nuevo estatuto, la PFA podrá actuar en “espacios públicos digitales” como parte de su labor preventiva contra delitos federales. Además, se autoriza a los agentes a realizar requisas en la vía pública sin orden judicial, si se presume la posible comisión de un delito o riesgo de desaparición de pruebas.
Desde el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) alertan que se trata de una “reforma ficticia” que elude el debate legislativo y carece del enfoque necesario para modernizar verdaderamente la fuerza. En un comunicado oficial, cuestionan el uso de un decreto delegado y advierten que la figura de detención por “averiguación de antecedentes” por hasta 10 horas sin orden judicial contradice el nuevo Código Procesal Penal Federal.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), por su parte, calificó la medida como una “habilitación al ciberpatrullaje masivo de opositores”, sin mecanismos adecuados de control ni salvaguardas judiciales. Para la organización, el decreto representa un riesgo serio de criminalización de la protesta y vigilancia de actores sociales y políticos, en un contexto donde la tecnología puede ser utilizada con fines discrecionales y represivos.
Durante gobiernos anteriores, como el de Mauricio Macri en 2017 y el de Alberto Fernández en 2020, el ciberpatrullaje también fue implementado, pero con ciertas limitaciones. En su momento, la exministra Sabina Frederic lo defendió como una herramienta útil para prevenir delitos como el grooming o la convocatoria a saqueos, siempre que estuviera enmarcado bajo control judicial y respeto a la privacidad, algo que —según remarcó— no ocurre en la versión actual impulsada por el oficialismo.
Mientras el Gobierno defiende el decreto como parte de una estrategia de modernización, los cuestionamientos crecen por el uso de una vía unilateral y por los efectos que podría tener sobre los derechos fundamentales, como la privacidad, la libertad de expresión y la protesta social. La discusión, de fondo, apunta a un viejo dilema que vuelve a escena: ¿cómo equilibrar seguridad y derechos en la era digital.
