3 de diciembre – Día Internacional de las Personas con Discapacidad
“Cuando la accesibilidad no espera: el reclamo diario de quienes no dejaron de movilizarse”
En San Salvador de Jujuy, detrás de cada rampa reclamada y cada colectivo adaptado, hay personas que siguen exigiendo su derecho a la movilidad, el transporte y la inclusión real.
Hoy, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, visibilizamos la cotidianeidad de quienes, a pesar de los avances normativos, siguen luchando por poder transitar la ciudad con dignidad. A diario aparecen en redes y videos ciudadanos que muestran las rampas faltantes o mal construidas —o su ausencia total— en esquinas y veredas. Muchas de estas rampas no cumplen los ángulos o pendientes adecuados, lo que pone en riesgo la seguridad de quienes se movilizan en silla de ruedas, y evidencia que las normas sobre accesibilidad no se respetan cabalmente.
En esa misma batalla de visibilización, figura el activista local Gustavo Znoy, quien lanzó una petición para que en el pliego de los nuevos colectivos de la ciudad se exija que al menos uno por línea tenga piso bajo y accesibilidad, que se cumpla la ordenanza municipal.Hasta ahora, logró reunir unas 300 firmas y fue rechazado su pedido.Pero ese número lejos está de garantizar que todas las líneas cumplan con la normativa: muchas calles —como las de Alto Comedero— no están asfaltadas, lo que complica aún más el funcionamiento de colectivos de piso bajo, que podrían deteriorarse rápidamente.
Presidenta de la Fundación Hidrocefalia Gabriela Aguilar, Gustavo Znoy un incansable activista por el transporte público adaptado
Cabe recordar que a nivel nacional la Ley 24.314 —normativa marco sobre accesibilidad para personas con movilidad reducida— establece la prioridad de suprimir barreras físicas en entornos urbanos, arquitectónicos y de transporte, para garantizar autonomía, seguridad e igualdad de oportunidades. Además, en nuestra ciudad la Ordenanza 8063/2024 garantiza que las personas con discapacidad puedan acceder al transporte público de pasajeros sin costo mediante el sistema SUBE. Y la Ordenanza 6564/13 había dispuesto desde hace más de una década la obligatoriedad de que las empresas de transporte público adapten al menos una unidad por línea para personas con discapacidad motriz y movilidad reducida.
Sin embargo, como lo muestran los reclamos constantes, las rampas siguen faltando o siendo insuficientes, los colectivos adaptados siguen siendo escasos, y muchas realidades cotidianas —trabajo, estudio, trámites— quedan condicionadas por barreras que, en teoría, deberían estar erradicadas. En este 3 de diciembre, más que celebrar, lo que corresponde es exigir: que las normas se cumplan; que las rampas tengan el ángulo exacto; que haya colectivos con piso bajo en todas las líneas; que la ciudad reconozca estos derechos como prioridad real.
Porque la accesibilidad —como señala la ley— significa autonomía, seguridad y dignidad: no es un privilegio, sino un derecho.
