JUJUY | SALUD, RECURSOS PÚBLICOS Y TRANSPARENCIA

A días de las elecciones para elegir representantes de los sectores activo y pasivo del Instituto de Seguros de Jujuy, los reclamos de los afiliados vuelven a poner en discusión el funcionamiento de la obra social provincial. El propio Gobierno reconoció un déficit mensual de entre $3.000 y $4.000 millones. Mientras tanto, la Provincia decidió desdoblar las elecciones de 2027, cuyo costo fue estimado por sectores opositores en 15 millones de dólares. La pregunta es inevitable: ¿cuáles son las prioridades cuando los recursos públicos son escasos y el derecho a la salud está en discusión?

EL DERECHO A LA SALUD NO PUEDE CONVERTIRSE EN UNA PROMESA QUE SE DESCUENTA DEL RECIBO DE SUELDO

Hay una contradicción que merece ser discutida públicamente en Jujuy. Los trabajadores estatales aportan todos los meses, de manera obligatoria, al Instituto de Seguros de Jujuy. Sin embargo, cuando necesitan utilizar su obra social, muchos se encuentran con restricciones, coseguros, trámites burocráticos, dificultades para conseguir prestaciones y gastos adicionales que afectan directamente sus economías familiares.

El próximo 6 de noviembre, entre las 8 y las 18 horas, se realizarán las elecciones para elegir a los representantes de los sectores activo y pasivo del Instituto. Se trata de una instancia institucional importante, porque los vocales elegidos participarán de las decisiones que afectan a miles de trabajadores, jubilados y sus familias.

Pero esta elección no debería reducirse a una disputa entre listas ni a una cuestión meramente administrativa. Debería ser una oportunidad para discutir qué obra social tienen los jujeños, cómo se administran sus recursos y qué respuestas reciben quienes sostienen financieramente el sistema.

UNA OBRA SOCIAL BAJO LA MIRADA DE SUS AFILIADOS

En los testimonios recogidos por nuestro medio aparecen situaciones que merecen atención.

Una afiliada relató las dificultades que enfrenta para gestionar autorizaciones y tratamientos para su hija, que vive en Córdoba. Según explicó, debe realizar trámites desde Jujuy y enviar documentación para conseguir que se autoricen determinadas prestaciones la burocratización ,que debería poder gestionarlo la hija directamente, (procedimientos obsoletos ) testimonio.

Otro testimonio planteó las limitaciones para conseguir prestadores en Córdoba. También escuchamos el caso de un trabajador que quería reincorporar a su hijo de 21 años como afiliado adherente y que, según su relato debe pagar desde la fecha que le dieron de baja hasta la actualidad , de enero a hoy tendría que pagar $700.000 aproximadamente ,por los períodos que debía regularizar desde su baja.

Son experiencias particulares, pero reflejan un malestar que merece una respuesta institucional.

A esto se agregan los reclamos por odontología, coseguros, especialistas y dificultades en la atención. No son cuestiones menores: cuando una persona necesita una consulta, un tratamiento o una autorización, no está reclamando un privilegio. Está reclamando una prestación de salud por la cual aporta todos los meses.

EL DÉFICIT DE MILES DE MILLONES QUE RECONOCIÓ EL GOBIERNO

La situación financiera del Instituto también quedó expuesta públicamente.

El 27 de abril de 2026, el secretario de Comunicación de Jujuy, Alberto Siufi, reconoció que el Gobierno provincial debía aportar entre $3.000 y $4.000 millones mensuales para cubrir el déficit del Instituto de Seguros.

Según los datos que difundió el funcionario, el organismo cuenta con 190.917 afiliados: 143.988 activos, 36.804 jubilados y pensionados, 8.633 adherentes y 1.492 beneficiarios de leyes especiales.

Siufi también reconoció deficiencias en odontología y la falta de determinadas especialidades médicas.

Este reconocimiento obliga a una discusión más profunda. ¿Por qué una obra social que recibe aportes y contribuciones de miles de trabajadores necesita semejante asistencia financiera mensual? ¿Cómo se componen sus gastos? ¿Cuáles son sus compromisos con clínicas, sanatorios, farmacias y profesionales? ¿Qué medidas concretas se están tomando para garantizar las prestaciones?

No alcanza con reconocer que existe un déficit. La ciudadanía necesita conocer las causas, los números completos y el plan para recuperar el equilibrio financiero.

LA CAJA ÚNICA Y UNA PREGUNTA QUE NECESITA RESPUESTAS DOCUMENTALES

Hay otro aspecto que merece ser investigado.

La Ley Provincial 4958 de Administración Financiera contempla, en su artículo 77, un Sistema de Caja Única y/o Fondo Unificado, que permite disponer de determinadas disponibilidades de caja de las jurisdicciones y entidades de la Administración Provincial, en los porcentajes que establezca la ley.

La existencia de este mecanismo no demuestra que los aportes de los afiliados del Instituto estén siendo utilizados para otros fines. Sería irresponsable afirmarlo sin documentación.

Pero sí habilita una pregunta legítima: ¿cómo funciona este mecanismo respecto de los organismos provinciales y qué alcance tiene sobre los recursos del Instituto de Seguros?

Los afiliados tienen derecho a conocer cómo se administran sus aportes, qué disponibilidad financiera conserva el organismo y cuáles son los mecanismos de control y rendición de cuentas.

La transparencia no debería ser una concesión política. Es una obligación de quienes administran recursos públicos y fondos destinados a garantizar derechos.

15 MILLONES DE DÓLARES PARA VOTAR POR SEPARADO: ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES DE JUJUY?

La discusión sobre el Instituto de Seguros no ocurre de manera aislada. Se desarrolla en una provincia donde el Gobierno decidió avanzar con el desdoblamiento de las elecciones provinciales de 2027 respecto de los comicios nacionales.

El diputado provincial Federico Canedi estimó que organizar una elección separada podría representar un gasto cercano a los 15 millones de dólares. Es importante aclarar que se trata de una estimación opositora y no de un presupuesto oficial publicado por el Ejecutivo.

Sin embargo, la discusión presupuestaria es inevitable.

¿Qué podría hacer Jujuy con 15 millones de dólares? ¿Cuántos hospitales podrían equiparse? ¿Cuántos centros de salud podrían fortalecerse? ¿Cuántas obras de infraestructura sanitaria podrían financiarse? ¿Cuánto podría contribuir ese dinero a mejorar el funcionamiento de una obra social que necesita asistencia financiera del Estado?

También podría destinarse a infraestructura educativa, rutas, obras hídricas o políticas de recomposición salarial.

No se trata de sostener que ese monto resolvería todos los problemas de la provincia. Se trata de discutir las decisiones de gobierno y las prioridades en la distribución de los recursos.

Si el Ejecutivo considera necesario separar las elecciones, tiene la obligación política de explicar por qué ese gasto resulta conveniente para los jujeños, cuánto costará realmente y qué beneficios institucionales concretos justifican la decisión.

LA SALUD NO PUEDE SER EL LUGAR DONDE SIEMPRE SE PIDE PACIENCIA

Hay una cuestión que atraviesa toda esta discusión: los afiliados no pueden quedar atrapados entre una obra social que reconoce dificultades financieras, prestadores que reclaman mejores condiciones y un Estado que debe garantizar el funcionamiento del sistema.

Los trabajadores no eligen si quieren aportar o no. El descuento llega todos los meses. Por eso, también debe llegar una respuesta cuando necesitan atención.

Las elecciones del 6 de noviembre representan una oportunidad para que los afiliados participen, conozcan las propuestas y elijan representantes que realmente defiendan sus derechos. Pero ningún cambio institucional será suficiente si no existe una política de transparencia, planificación y control de los recursos.

Desde este medio consideramos que el debate debe ir más allá de los nombres y las candidaturas. Es necesario conocer los balances del Instituto, sus ingresos, sus gastos, las deudas con prestadores, los contratos vigentes y las medidas previstas para mejorar las prestaciones.

Porque una obra social no puede medirse solamente por la cantidad de afiliados que tiene ni por los millones que recibe del Estado. Debe medirse por la calidad de la atención que brinda y por su capacidad de responder cuando una familia necesita asistencia médica.

LA PREGUNTA QUE QUEDA ABIERTA

Si el Instituto de Seguros necesita entre $3.000 y $4.000 millones mensuales para cubrir su déficit, si los afiliados denuncian dificultades para acceder a prestaciones y si el Gobierno proyecta una elección provincial desdoblada cuyo costo fue estimado en 15 millones de dólares, entonces hay una discusión que Jujuy no puede seguir postergando.

¿Quién controla los recursos? ¿Quién rinde cuentas? ¿Qué prioridades tiene el Gobierno provincial?

Los trabajadores no están pidiendo un favor. Están exigiendo que los aportes que realizan se traduzcan en salud, atención y cobertura.

PORQUE CUANDO SE TRATA DE LA SALUD DE LOS JUJEÑOS, NO PUEDE HABER AUSTERIDAD PARA LOS AFILIADOS Y CHEQUES EN BLANCO PARA LAS DECISIONES POLÍTICAS.

DIARIO DIGITAL TINKYINFO.