DEMOCRACIA, JUSTICIA Y LIBERTAD DE PRENSA

Tras ser sobreseído en la causa $LIBRA, el Presidente calificó de “ensobrados” y “corruptos” a periodistas y afirmó que debían “quemarse en la hoguera”. FOPEA rechazó sus expresiones y advirtió sobre el riesgo para la libertad de prensa. El episodio reabre una discusión esencial: qué responsabilidades tienen el Gobierno, la Justicia, el periodismo y la ciudadanía para sostener la democracia.

CUANDO EL PODER SE ENOJA CON LAS PREGUNTAS

El viernes 23 de octubre, durante una cena de la Fundación Faro, Javier Milei apuntó contra cinco periodistas que habían informado sobre el caso $LIBRA: Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio. Los acusó de estar “ensobrados” y ser “mercenarios de la mentira”, y afirmó que “los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”.

Las palabras no aparecieron en el vacío. Horas antes, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi había sobreseído al Presidente, a Karina Milei y a otros nueve investigados en la causa por la criptomoneda $LIBRA. El magistrado consideró que los hechos examinados no encuadraban en una figura penal. Sin embargo, Chequeado señaló que quedaron interrogantes sobre comunicaciones, movimientos de dinero y elementos digitales. Esos interrogantes no prueban delitos, pero explican por qué el caso tuvo interés público.

Respetar una decisión judicial es una obligación institucional. Convertirla en una orden de silencio para los periodistas sería otra cosa. Un fallo no vuelve ilegítima, por sí mismo, la investigación periodística que lo precedió.

CUATRO ACTORES, UNA MISMA DEMOCRACIA

El Presidente tiene derecho a defenderse, cuestionar una noticia y exigir rectificaciones. Pero también tiene una responsabilidad mayor: sus palabras provienen de la máxima autoridad del Estado. Cuando identifica periodistas y los asocia con una imagen de castigo, no puede desentenderse del efecto que ese discurso puede producir.

El periodismo tiene la función de investigar, verificar documentos, contrastar versiones y hacer preguntas incómodas. No es infalible ni está por encima de la ley; debe corregir errores y responder por sus prácticas. Pero su legitimidad no depende de que el Gobierno apruebe sus investigaciones.

La Justicia debe actuar con independencia, aplicar la ley y fundamentar sus decisiones. Los jueces pueden ser cuestionados y sus fallos examinados por las vías legales. Lo que no corresponde es presentar como probada una manipulación política sin evidencias. En la causa $LIBRA, el debate público debe partir de la resolución y de las pruebas, no de simpatías partidarias.

La ciudadanía, finalmente, no puede quedar reducida a espectadora de una pelea entre políticos y periodistas. Tiene derecho a informarse, comparar fuentes, exigir transparencia y reclamar instituciones que rindan cuentas. Sin ciudadanos informados, el voto pierde parte de su capacidad de controlar a quienes gobiernan.

LAS INSTITUCIONES PERIODÍSTICAS ALZARON LA VOZ

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) repudió las expresiones presidenciales y sostuvo que el Estado tiene la obligación de proteger a los periodistas, no convertirlos en blancos. La organización también aclaró que defender la libertad de prensa no significa desconocer el fallo judicial sobre $LIBRA.

El pronunciamiento señala una cuestión que supera a los nombres mencionados: cuando las descalificaciones provienen de la Presidencia, existe el riesgo de que se normalice la hostilidad contra quienes investigan al poder.

No se trata de exigir privilegios para los periodistas. Se trata de defender el derecho de la sociedad a conocer hechos relevantes, incluso cuando incomodan al Gobierno de turno.

LA LIBERTAD DE PRENSA NO ES UN FAVOR DEL PRESIDENTE

Los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional protegen la libertad de publicar ideas por la prensa y establecen garantías frente a restricciones indebidas. Esa protección no convierte a los medios en dueños de la verdad: garantiza que las distintas versiones puedan circular y ser discutidas.

La democracia no consiste solamente en votar. También requiere límites al poder, controles institucionales, justicia independiente y libertad para disentir. Si un Gobierno considera falsa una investigación, debe refutarla con pruebas. Si un periodista se equivoca, debe corregir. Si un juez dicta una resolución cuestionable, debe explicarla y someterse a los mecanismos de revisión previstos por la ley.

Ninguna de esas responsabilidades se cumple mediante insultos ni intimidaciones.

La imagen de la hoguera evoca castigo y persecución. No demuestra, por sí sola, que exista una orden literal de violencia; pero tampoco puede minimizarse cuando el Presidente la utiliza después de identificar públicamente a periodistas.

Una sociedad democrática necesita que el poder acepte preguntas, que la prensa actúe con responsabilidad, que los tribunales resuelvan con independencia y que la ciudadanía no renuncie a su derecho a saber.

¿QUÉ LE PASA AL PRESIDENTE CON LOS PERIODISTAS QUE LO CUESTIONAN? ¿Puede existir una democracia plena si quienes investigan al poder terminan convertidos en enemigos públicos?

La respuesta no debería depender de si apoyamos o rechazamos a Javier Milei. La libertad de prensa se defiende también cuando informa sobre un Gobierno que elegimos, cuando investiga a un dirigente que admiramos o cuando publica algo que preferiríamos no escuchar.

Porque el periodismo puede equivocarse, los jueces pueden ser cuestionados y los presidentes pueden ser criticados. Pero ninguna institución democrática debe quedar fuera del control público.

Cuando el poder se enoja con las preguntas, la ciudadanía tiene más razones para exigir respuestas, no menos.