PAUTA OFICIAL EN JUJUY: $1.286 MILLONES PARA CUATRO GRUPOS DE MEDIOS Y UNA PREGUNTA INCÓMODA PARA EL GOBIERNO
PAUTA OFICIAL, CONCENTRACIÓN MEDIÁTICA Y FALTA DE TRANSPARENCIA EN JUJUY
Un relevamiento difundido en octubre de 2026 atribuye más de $1.286 millones a cuatro grupos de medios por publicidad oficial durante el período febrero de 2025-febrero de 2026. Mientras FOPEA ubica a Jujuy entre las provincias con mayor dependencia de financiamiento público en el sector periodístico, la gestión de Carlos Sadir debe explicar cómo distribuye los recursos estatales, qué criterios aplica y por qué la ciudadanía todavía necesita recurrir a investigaciones periodísticas para conocer el destino de esos fondos.
EL DINERO PÚBLICO, CONCENTRADO EN CUATRO GRUPOS
¿Quién financia a los medios que informan a los jujeños? ¿Qué intereses económicos hay detrás de la pauta oficial? ¿Cómo se garantiza que la publicidad del Gobierno no termine condicionando la independencia periodística?
La difusión de un relevamiento sobre la distribución de la publicidad oficial en Jujuy volvió a poner estas preguntas en el centro del debate público. Los datos, difundidos inicialmente por el espacio de streaming El Problema Son Ellos, de Blitz! Jujuy, y retomados por medios provinciales, exponen cifras millonarias atribuidas a cuatro grupos de comunicación durante un período de aproximadamente doce meses.
Según el listado difundido, los montos son los siguientes:
CIRCULAR INFO / COSO: $622.121.000.
CANAL 4 / RADIO CITY: $281.873.000.
CANAL 7 / SOMOS JUJUY: $278.324.000.
ESTACIÓN LATINA: $104.430.000.
La suma asciende a $1.286.748.000.
El dato no es menor: se trata de recursos públicos destinados a publicidad y comunicación gubernamental, cuya asignación debería poder justificarse mediante criterios objetivos, documentación accesible y mecanismos de control.
Las cifras corresponden al relevamiento difundido públicamente y requieren contrastarse con los registros administrativos completos para establecer el gasto efectivamente pagado y su distribución definitiva.
La investigación periodística de Jujuy Gráfico advierte, además, que los extractos documentales revisados no permiten reconstruir por sí solos todos los montos atribuidos al período. Esa salvedad no invalida la necesidad de investigar: refuerza la obligación de publicar los registros completos.
Fuente: Jujuy Gráfico, investigación sobre pauta oficial publicada el 18 de octubre de 2026.
CIRCULAR INFO / COSO: MÁS DE $622 MILLONES BAJO LA LUPA
El caso que concentra la mayor atención es el de Circular S.A.S., vinculada a Circular Info y al espacio de streaming COSO. El relevamiento le atribuye $622.121.000 durante el período analizado.
Según la investigación publicada por Jujuy Dice el 20 de octubre, Mario Agustín Valdez es el titular de la firma y anteriormente habría trabajado como community manager de las redes gubernamentales
.Estos antecedentes no prueban por sí mismos una irregularidad ni permiten concluir que la línea editorial responda a instrucciones oficiales. Sin embargo, frente a una asignación de semejante magnitud, es razonable exigir que se publiquen los contratos, las prestaciones contratadas, las métricas de audiencia y los criterios utilizados para determinar el monto.
La pregunta es concreta: ¿qué indicadores justifican una inversión pública de más de $622 millones en este proveedor y cómo puede la ciudadanía verificar que esos criterios se aplican de igual manera a los demás medios?
La respuesta debería estar en los expedientes, no en las especulaciones.
¿MEDIOS INDEPENDIENTES O UNA COMUNICACIÓN QUE REPRODUCE LA AGENDA OFICIAL?
La discusión no pasa solamente por cuánto dinero recibe cada empresa. También involucra la función democrática del periodismo.
Un medio puede recibir publicidad oficial y mantener independencia editorial. La existencia de una pauta estatal no demuestra, por sí sola, que su beneficiario actúe como vocero del Gobierno. Pero cuando una parte sustancial de los ingresos de una organización depende del Estado, surge una pregunta legítima sobre sus condiciones de autonomía económica.
¿Qué ocurre cuando el principal anunciante de un medio es, al mismo tiempo, el poder político sobre el cual ese medio debería ejercer control periodístico?
¿Puede una redacción investigar con plena libertad a la administración que sostiene una parte
importante de sus ingresos? ¿Qué sucede cuando la cobertura crítica afecta los intereses del anunciante estatal?
No corresponde afirmar, sin pruebas específicas, que estos cuatro grupos reciben dinero para ocultar información o defender al Gobierno. Pero tampoco alcanza con invocar la libertad editorial para evitar el debate sobre la concentración de recursos públicos.
La ciudadanía tiene derecho a conocer qué se contrata, cuánto se paga, qué resultados se obtienen y cómo se garantiza que la publicidad estatal no funcione como un mecanismo de premio o castigo.
La independencia periodística no se demuestra únicamente con declaraciones. También necesita condiciones económicas, transparencia y reglas que impidan que el financiamiento público se convierta en una herramienta de presión.
ALBERTO SIUFI DEBE DAR EXPLICACIONES Y GARANTIZAR EL DERECHO A RÉPLICA
La Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto, encabezada por el contador público Alberto Siufi, es el área señalada en las publicaciones periodísticas como responsable de administrar la pauta oficial provincial.
Por eso, resulta indispensable que el funcionario brinde una explicación pública y documentada sobre los montos difundidos, los mecanismos de selección de proveedores y los controles aplicados.
Las publicaciones de Jujuy al Momento y Jujuytras la difusión del caso, Siufi se tomó vacaciones y se suspendieron las conferencias de prensa habituales del Ejecutivo. Esos hechos fueron reportados por los medios, aunque por sí solos no demuestran que exista una relación causal entre la ausencia del funcionario y la investigación.
Lo que sí permanece pendiente es una respuesta institucional que permita contrastar las cifras.
Desde Tinky Info consideramos necesario que el responsable del área explique:
- ¿Cuál fue el gasto total efectivamente pagado en pauta oficial entre febrero de 2025 y febrero de 2026?
- ¿Qué documentación respalda los montos atribuidos a cada uno de los cuatro grupos?
- ¿Qué criterios técnicos determinaron la distribución de los fondos?
- ¿Qué métricas de audiencia, alcance territorial e interacción digital presentó cada proveedor?
- ¿Qué controles garantizan que la pauta no se utilice para premiar determinadas líneas editoriales o perjudicar a otras?
- ¿Dónde puede consultar la ciudadanía el registro completo de contrataciones, órdenes de pago y prestaciones?
El derecho a réplica debe estar abierto tanto para Alberto Siufi como para las empresas mencionadas. Sus explicaciones y la documentación que aporten deben incorporarse a la cobertura y contrastarse con los registros disponibles.
Pero el derecho a réplica no reemplaza la obligación de transparencia. La información sobre el destino del dinero público debe ser accesible para toda la sociedad.
LA PUBLICIDAD OFICIAL NO DEBE CONVERTIRSE EN PROPAGANDA GUBERNAMENTAL
El Estado tiene derecho a comunicar sus políticas, informar sobre servicios públicos y difundir campañas de interés general. Pero la publicidad institucional debe tener una finalidad pública y no confundirse con la promoción política de una gestión.
Cuando la distribución de los fondos carece de transparencia suficiente, se debilita la confianza ciudadana y aumenta el riesgo de que la pauta termine favoreciendo a determinados actores del sistema mediático.
Por eso, la respuesta no puede limitarse a defender el derecho del Gobierno a comunicar. También debe incluir el derecho de los ciudadanos a saber cuánto cuesta esa comunicación, quiénesreciben el dinero y cuáles son las reglas que ordenan su distribución.
La transparencia protege al Estado, a los medios y a la sociedad. Permite distinguir entre una contratación legítima, una decisión administrativa discutible y una eventual irregularidad que deba investigarse.
Jujuy necesita registros públicos completos, métricas auditables, criterios de asignación claros y mecanismos de control que no dependan de la voluntad del funcionario de turno.
La discusión no se resuelve con acusaciones sin pruebas, pero tampoco con silencio institucional.
La pregunta que queda abierta para el Gobierno, los empresarios de medios y la sociedad jujeña es esta: ¿SON MEDIOS INDEPENDIENTES O SONEXTENSIONES DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN DE LA PROVINCIA?
TINKY INFO | DIARIO DIGITAL JUJEÑO
