USABAN LA IMAGEN DE ROSATTI PARA ESTAFAR DESDE UNA CÁRCEL DE JUJUY
Juez Rosatti Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
POLICIALES | INVESTIGACIÓN JUDICIAL
Cuatro internos del Servicio Penitenciario de Jujuy fueron procesados con prisión preventiva, acusados de integrar una organización que ofrecía falsas fianzas y supuestas libertades a cambio de dinero. La investigación sostiene que utilizaban celulares, billeteras virtuales y perfiles de WhatsApp con la imagen del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
UNA PRESUNTA ORGANIZACIÓN QUE OPERABA DESDE EL PENAL
Cuatro internos del Servicio Penitenciario de Jujuy quedaron procesados con prisión preventiva en una causa federal que investiga una presunta organización dedicada a cometer estafas, extorsiones y otras maniobras fraudulentas desde el interior de una unidad carcelaria.
La medida fue dispuesta por el juez federal Julián Ercolini contra Cristian Mariano Ariel Acho, Sebastián Ariel López, Walter Rodrigo Vargas y Ramón Atilio Ríos, señalados como presuntos coautores de asociación ilícita, estafa, extorsión y usurpación de autoridad.
Según la investigación, las maniobras se habrían desarrollado entre noviembre de 2024 y octubre de 2025 desde el Establecimiento Penitenciario N.º 7 de Jujuy.
FALSAS FIANZAS Y PROMESAS DE LIBERTAD A CAMBIO DE DINERO
De acuerdo con la hipótesis judicial, los acusados obtenían información sobre personas detenidas y sus familiares para contactarlos posteriormente y ofrecerles supuestos trámites judiciales, fianzas o liberaciones a cambio de transferencias de dinero.
Una de las modalidades investigadas consistía en utilizar perfiles de WhatsApp con la fotografía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para aparentar autoridad y generar confianza en las víctimas.
En algunos casos, las falsas fianzas habrían alcanzado el millón de pesos. A los familiares se les indicaba que debían depositar el dinero en cuentas presentadas como pertenecientes al Poder Judicial.
Para concretar las operaciones, presuntamente utilizaban diferentes líneas telefónicas, tarjetas SIM, cuentas bancarias, billeteras virtuales y alias de pago.
La investigación también detectó otra modalidad de presunta estafa: los involucrados se habrían hecho pasar por representantes de empresas privadas para ofrecer premios y luego exigir pagos por gastos inexistentes.
UNA LLAMADA ENCENDIÓ LAS ALERTAS
El expediente se inició después de que el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina recibiera una llamada de una persona que afirmó ser Horacio Rosatti.
Durante la comunicación, el interlocutor habría solicitado información sobre detenidos y números telefónicos de sus familiares, bajo el argumento de realizar un relevamiento vinculado con derechos humanos.
El rastreo de la comunicación permitió ubicar su origen en la zona del establecimiento penitenciario jujeño. A partir de ese dato, los investigadores avanzaron con intervenciones telefónicas, cruces de líneas, informes de compañías de telefonía, análisis de cuentas y allanamientos.
CELULARES, TARJETAS SIM Y DATOS DE POSIBLES VÍCTIMAS
Durante los procedimientos realizados en el penal se secuestraron teléfonos celulares, tarjetas SIM y anotaciones con números telefónicos, alias, CBU y otros datos que podrían estar vinculados con las maniobras investigadas.
De acuerdo con la información difundida sobre la causa, las presuntas actividades habrían continuado incluso después de un procedimiento realizado en diciembre de 2024, en el que se secuestró un teléfono relacionado con la primera comunicación que dio origen al expediente.
LA INVESTIGACIÓN CONTINÚA
El procesamiento con prisión preventiva implica que el juez encontró elementos suficientes, en esta etapa, para sostener la imputación contra los cuatro acusados y disponer que permanezcan detenidos mientras avanza el proceso. No equivale a una condena definitiva.
La investigación deberá determinar el alcance de las presuntas estafas, la cantidad de víctimas afectadas y el destino del dinero que habría sido transferido.
El caso vuelve a poner en discusión los mecanismos de control sobre el ingreso y uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles, así como la vulnerabilidad de las familias que, ante la incertidumbre por la situación judicial de un ser querido, pueden convertirse en blanco de falsas promesas de libertad.
Fuente: Somos Jujuy (21 de octubre de 2026)
